Financiamiento de partidos políticos: Estos son los principales cambios

financiamiento

El Congreso tiene en agenda para su sesión del Pleno de este jueves un tema clave para las próximas elecciones generales del 2021: el financiamiento de los partidos políticos. El dictamen de la Comisión de Constitución que aborda el capítulo de financiamiento político de la Ley de Organizaciones Políticas incluye modificaciones que van desde la aplicación de sanciones políticas a los partidos, la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a las cuentas de las organizaciones políticas y la bancarización de los aportes privados que superen los 430 soles.

Al Congreso solo le quedan unos días para aprobar las normas electorales que regirán para las elecciones del próximo año.Especialistas coincidieron en señalar que el dictamen es un avance en la normativa electoral. Asimismo, aclararon algunos aspectos del dictamen que fueron cuestionados por los congresistas en el último Pleno, referidos esencialmente a las sanciones y a la supervisión de la ONPE en las cuentas de los partidos.

La politóloga y docente de la Universidad del Pacífico, Paula Muñoz, indicó que el dictamen elaborado en la Comisión de Constitución recogió varias de las recomendaciones sobre financiamiento que hizo la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, del cual fue parte. “Uno que tiene que ver con el fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas por parte de las organizaciones políticas. Y segundo, asegurar que cuando hay incumplimiento a las normas de este tipo, de rendición, haya sanciones efectivas. Son avances importantes”, dijo.

La propuesta legislativa indica en su artículo 32 que “las organizaciones políticas están obligadas a abrir las cuentas necesarias en el sistema financiero nacional, con autorización expresa de acceso y supervisión de las mismas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)”. Así quedará establecido que la ONPE pueda acceder a las cuentas bancarias de las organizaciones políticas para supervisarlas. Durante el último Pleno, este punto fue cuestionado por la congresista fujimorista Martha Chávez.

Muñoz indicó que esta medida permite luchar de forma preventiva contra la corrupción y “fomentar una cultura de transparencia, de rendición de cuentas e integridad, necesitamos que haya supervisión electoral efectiva”.

Asimismo, José Tello, abogado especialista en materia electoral, manifestó que este aspecto es clave, debido a que la ciudadanía podrá conocer sobre el manejo del dinero que se utiliza en la política. “Sea porque reciben dinero del Estado o porque reciben dinero de origen privado. Ellos están obligados por la naturaleza pública, por ser canalizadores de la voluntad popular, tienen que estar obligados a dar cuenta de sus ingresos”, dijo.

Percy Medina, representante de IDEA Internacional en el Perú, consideró que con esta modificación la ONPE tendrá la posibilidad de verificar y contrastar lo reportado por los partidos con el movimiento real. “No se está vulnerando ningún secreto o confidencialidad de la información, porque los partidos ya están obligados a entregar toda esa información”, manifestó.

Otra medida que busca la transparencia es que las organizaciones políticas volverán a entregar reportes de financiamiento a la ONPE. El Parlamento disuelto aprobó en el 2017 que solo se entregue un informe después de que haya concluido el proceso electoral. Ahora, el texto propone que, durante la campaña electoral, la organización política y los candidatos presentan dos entregas con información financiera de aportes, ingresos recibidos y gastos efectuados.

Para Muñoz, es un aporte que se restablezca la obligación de rendir cuentas durante la campaña, aunque consideró que solo se debió mantener la figura de la organización política y no los candidatos. “Mantiene esta figura de los candidatos y no solamente las organizaciones políticas, que sería lo adecuado, porque tiene que ver con que las organizaciones deban hacerse responsables por los candidatos que invitan. Son ellos como colectivos los que están participando”, indicó.

El dictamen también obliga que las organizaciones políticas recurran al sistema bancaria cuando reciben un aporte privado que supere S/ 430 soles (10% de una UIT).

El otro aspecto muy cuestionado por congresistas de Unión por el Perú, Podemos y Acción Popular es que se establezca la posibilidad de que los partidos pierdan su inscripción electoral por reincidir en faltas muy graves o no pagar las multas que le imponga la ONPE.

Así quedó el texto del artículo 36-C: “De verificarse la reincidencia en incumplimientos que constituyen infracciones muy graves, o la imposibilidad de cobrar las multas por insolvencia económica, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspende la inscripción de la organización política y le otorga un plazo de seis (6) meses para subsanarlas.

Vencido el plazo sin que haya realizado la subsanación correspondiente, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cancela la inscripción de la organización política”.

Medina dijo que la novedad es la introducción de sanciones de tipo político: suspensión y posterior cancelación de la inscripción. “Supone el generar efectos en la capacidad de participación política del partido. No te quedas solo en la multa que al final no se paga, ahí donde ‘duele’ se genera la consecuencia”, indicó.

“Las multas ya las tenemos vigentes desde el año 2003 y no han funcionado. Entonces, la evaluación del sistema de sanciones de la ley nos lleva a pensar que tiene que haber sanciones adicionales, sanciones efectivas que se puedan cumplir. Las multas no son una novedad y nunca se han pagado, entonces es necesario hacer algo”, añadió.

Asimismo, Medina refirió que la sanción es gradual: “Si se les impone una multa, no regulariza, no pagan, entonces, se les suspende. Si a pesar de que se les suspenda, no resuelven, ya se les cancela. La cancelación es como el último recurso”.

En este punto, también coincide el abogado José Tello, quien sostiene que la sanción está correctamente delimitada y respeta el principio de legalidad y gradualidad. “Aquí hay dos tipos de sanciones cuando infringes normas de financiamiento: la pecuniaria y la accesoria que es la sanción política. Me parece importante que las sanciones pecuniarias puedan ser efectivas, a través de una cobranza coactiva. Por otro lado, la medida accesoria, la sanción política, por el hecho de no ponerse al día, me parece razonable que vaya de manera gradual: primero va con la suspensión y luego va con la perdida de la inscripción. Así, le da peso al trabajo de cobranza de multas de la ONPE dentro del estado de derecho”, sostuvo.

El dictamen, luego de unas intervenciones en el Pleno, mantiene en la ley la prohibición de que los candidatos efectúen entrega o promesas de entrega de “de dinero, regalos dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes, de manera directa, o a través de terceros por mandato del candidato y con recursos del candidato o de la organización política”.

Sobre financiamiento público indirecto se modifica aspectos de la franja electoral. El dictamen señala que se amplia la franja electoral gratuita entre las 6:00 a.m. y las 11:00 p.m. en los medios de comunicación radiales y televisivos; y, además, se amplía a los canales de cable y a las redes sociales. Asimismo, la ONPE debe ofrecer a los partidos una herramienta para que las organizaciones elijan sus espacios y tiempos de acuerdo a sus estrategias electorales.

INFRACCIONES

Las infracciones pueden ser leves, graves y muy graves.

a) Constituyen infracciones leves:
1. No contar con una cuenta en el sistema financiero.
2. Carecer de un Tesorero con poderes vigentes inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
3. Llevar libros contables con un retraso mayor a noventa (90) días calendario.

b) Constituyen infracciones graves:
1. No expedir el recibo de aportaciones recibidas en efectivo o en especie conforme a lo previsto en el artículo 30 de la presente ley.
2. No informar sobre la relación de los participantes de las actividades proselitistas.
3. Recibir aportes en efectivo superiores al diez por ciento (10%) de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) fuera del sistema financiero.
4. Recibir aportes mayores a los permitidos en la presente ley.
5. No llevar libros de contabilidad
6. No subsanar las conductas que generaron sanciones por infracciones leves en el plazo otorgado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

c) Constituyen infracciones muy graves:
1. Recibir aportes o efectuar gastos a través de una persona distinta al Tesorero Titular o Suplente o de los Tesoreros Descentralizados de la Organización Política.
2. No presentar los informes sobre los aportes e ingresos recibidos, así como los gastos efectuados durante la campaña, en el plazoestablecido por la ONPE.
3. En el caso de una alianza electoral, no informar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre el aporte inicial de las organizaciones políticas que la constituyen.
4. Incumplir con presentar la información financiera anual en el plazo previsto en la presente ley.
5. Recibir aportes de fuente prohibida, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la presente ley.
6. Contratar, en forma directa o indirecta, propaganda electoral en radio o televisión.
7. Utilizar el financiamiento público directo para fines diferentes a los señalados en la presente ley.
8. No subsanar las conductas que generaron sanciones por infracciones graves en el plazo otorgado por la ONPE.

+ +