Fiscalía formula denuncia constitucional contra Javier Velásquez, Marvin Palma y Edgar Alarcón

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formuló denuncia constitucional contra los miembros del Congreso disuelto Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Marvin Palma (Cambio 21), así como al excontralor Edgar Alarcón por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

Ávalos imputa a Velásquez y Palma la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, mientras que a Alarcón el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Según la tesis fiscal, Velásquez y Palma habrían gestionado en el 2016 una reunión entre el entonces alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y el excontralor Edgar Alarcón, a cambio de beneficios económicos.

La fiscalía señala que en la reunión entre el exalcalde y el excontralor, en la que participaron Velásquez y Palma, se conversó sobre el levantamiento del bloqueo de las cuentas corrientes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Los integrantes del Congreso disuelto –según la fiscalía– también habrían asegurado que se iba a levantar el congelamiento de las cuentas.Denuncia contra el excontralor Edgar Alarcón por presunto delito de cohecho pasivo propio

Las investigaciones fiscales señalan que el exalcalde encabezaría la presunta organización Los Temerarios del Crimen, acusada de utilizar la administración de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para obtener beneficios económicos ilícitos. También se la vincula con el cobro de coimas para la obtención de licencias municipales, actos de corrupción en la ejecución de obras públicas, malversación de fondos, entre otros.

La fiscalía señala que el excontralor Alarcón habría recibido S/30.000 de parte de Cornejo para levantar el bloqueo temporal de las cuentas corrientes de la municipalidad.

Agrega que la medida de levantamiento fue adoptada “pese a que no correspondía, al no haberse subsanado las observaciones efectuadas por el órgano de control institucional”.

Los abogados penalistas Luis Lamas Puccio y Carlos Caro Coria señalaron que los integrantes del Congreso disuelto y el excontralor tienen derecho al antejuicio político, al ser acusados de presuntos delitos de función, no de delitos comunes.

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