A través de una solicitud enviada al procurador Público Especializado Supranacional, Carlos Miguel Reaño, se precisa que el Pleno de la Corte IDH, reunido en su 147° Período Ordinario de Sesiones adoptó una resolución respecto al requirimiento de medidas provisionales en los “casos Barrios Altos y La Cantuta Vs. Perú”.
“Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales en el 147 Período Ordinario de Sesiones.”, señala la solicitud de la Corte IDH.
Previamente el abogado Carlos Rivera, miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL), compartió un comunicado de diversas organizaciones donde se informaba la referida decisión de la Corte IDH hasta que se resuelva la solicitud de medidas provisionales en los próximos días.
“El Pleno de la Corte IDH, decidió el día de hoy adoptar una decisión en la que requirió al Estado peruano ‘para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta’ abstenerse de ejecutar la decisió del Tribunal Constitucional que ordena liberar a Alberto Fujimori Fujimori. Según ella misma indicó, la decisión completa será notificada en los próximos días”, indica el documento.
El 17 de marzo, el Tribunal Constitucional decidió la nulidad de la resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 a Alberto Fujimori, luego de que la votación del recurso de habeas corpus, que solicitó esa medida, quedó empatada en tres votos a favor y tres en contra.
Así, el TC declaró fundado un recurso interpuesto por un abogado del departamento de Ica contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en 1992.