El juez Víctor Zúñiga Urday, a cargo del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, será el encargado de escuchar los argumentos del fiscal José Domingo Pérez, así como los de la abogada Giulliana Loza, para luego tomar una decisión sobre el pedido.
Días atrás, el fiscal Pérez solicitó que se revoque la orden de comparecencia con restricciones contra Fujimori, y se le dicte la prisión preventiva.
De acuerdo al requerimiento fiscal, Fujimori incumplió una de las restricciones impuestas por la sala que ordenó su excarcelación en abril del año pasado: no comunicarse con testigos del proceso.
El domingo, Giulliana Loza informó que solicitó al Poder Judicial que el pedido fiscal sea discutido en audiencia presencial para defenderse “de un pedido arbitrario”.
Hasta el momento, y por tratarse de un contexto de emergencia sanitaria, el sistema judicial ha venido desarrollando la mayoría de audiencias de forma virtual.
“Si bien nos encontramos en estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus, es importante garantizar el ejercicio pleno y eficaz de la defensa, más aún, cuando se encuentra en debate la restricción de un derecho fundamental como es la libertad de mi patrocinada”, se lee en el pedido.
Argumentos Para el fiscal Pérez, Keiko Fujimori incumplió una de las restricciones claves en este caso. La incomunicación con los testigos en el proceso fue una de las prohibiciones dictadas por la sala que decidió su excarcelación.
El excongresista Miguel Torres fue visto al lado de Keiko Fujimori en una reciente conferencia de prensa, pero actualmente figura como testigo en la acusación fiscal, además que ha declarado, en calidad de testigo, en setiembre del año pasado.
“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, sostuvo el fiscal.
Desde la defensa de Keiko Fujimori consideran que, si bien Torres es testigo en el caso, no es uno que esté vinculado directamente con los aportes falsos, por lo que la restricción no tendría validez en su caso.
La primera orden de prisión preventiva contra la hoy acusada se dictó en octubre del 2018. En aquella ocasión, fue el juez Richard Concepción Carhuancho el que ordenó su reclusión.
En enero del 2020 fue la segunda vez que el Poder Judicial dispuso su internamiento en un penal.
El juez Víctor Zúñiga fue el que valoró y acogió los argumentos del equipo especial y ordenó la prisión preventiva por 15 meses.
Si esta vez dispone que se revoque la comparecencia con restricciones y se ordene prisión preventiva, Fujimori deberá completar el período que determinó el juez en enero del 2020. Es decir, volvería por 13 meses al centro penitenciario.
El viernes pasado, el juez Zúñiga decidió incorporar a MVV Bienes Raíces, empresa de Mark Vito Villanella, al proceso, tras un pedido fiscal y una audiencia de más de tres horas. La defensa apeló la decisión.
Respuesta Keiko Fujimori considera que el pedido fiscal es “absurdo”. En entrevista con el diario “El País”, indicó que viene trabajando con Miguel Torres “hace muchos meses”.
“Siempre me he puesto a disposición de la justicia y por eso he estado tres veces en prisión. […] esta solicitud se presenta el día que presentamos los pedidos de nulidad”, declaró.
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