La Defensoría del Pueblo remitió un informe técnico legal a la presidencia de la república, a la presidencia del consejo de ministros, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, en donde recomienda ordenar los feriados para asegurar la atención al ciudadano.
De acuerdo al informe de la Defensoría el asunto es «de interés público y de necesidad nacional» y que ordenar los feriados «no es restringir un derecho, es garantizar que el ciudadano encuentre siempre una puerta abierta cuando acude al Estado, que incide directamente en la producción nacional».
La Defensoría mencionó que durante los días no laborales las entidades públicas suspenden la atención a nivel nacional, regional y local, lo que «retrasa el acceso oportuno a servicios esenciales como salud, educación, justicia y demás servicios de la administración pública e incide en trámites, requisitos y plazos que la ciudadanía necesita cumplir».
Agregaron que la aprobación de feriados compensables «se viene realizando sin Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, pese a los efectos que produce en la prestación del servicio público».
«La acumulación de horas por compensar en periodos cortos puede llevar a los servidores a superar el límite constitucional de 48 horas semanales o a solicitar vacaciones para evitar la recuperación, con el consiguiente perjuicio para la atención al ciudadano», detallaron.
En esa línea, la Defensoría mencionó que las fechas conmemorativas de carácter institucional y los aniversarios de creación política de regiones, provincias y distritos «no constituyen supuestos de descenso reconocidos por la Constitución».
«Su celebración es legítima y puede canalizarse mediante actos protocolares, pero no debe traducirse en el cierre de ventanillas ni en la suspensión de plazos procesales, en desmedro del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al plazo razonable», zanjaron.
