En medio de la aprobación del incremento del FONCOMUN en el Congreso de la República, el parlamento decidió llevar a votación la reelección de autoridades regionales y municipales. La reforma constitucional que buscaba restablecer la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes obtuvo 78 votos a favor de los 87 necesarios para su aprobación directa, como resultado el tema queda pendiente, ahora en manos de la ciudadanía a través de un referéndum. Y, con una reconsideración planteada por la Congresista Ana Zegarra Saboya. Paradójicamente, mientras una parte de la clase política celebra este desenlace como una “victoria contra la corrupción”, lo que en realidad ha perdido el país es una valiosa herramienta para fortalecer la gobernabilidad subnacional y premiar la buena gestión.
Desde su prohibición en 2015, la no reelección inmediata ha producido más frustraciones que logros, gobernadores y alcaldes asumen el cargo con un reloj en cuenta regresiva, sabiendo que no podrán renovar su mandato ni concluir sus avances que día tras día vienen impulsando en la capital para llevar desarrollo a sus ciudades. Este diseño incentiva el cortoplacismo, la improvisación y, peor aún, reduce a cero la rendición de cuentas electoral. Si un alcalde lo hace bien, no podrá continuar. Si lo hace mal, se va igual. ¿Dónde queda entonces el poder del voto ciudadano como herramienta de premio o castigo?
La reelección inmediata no es sinónimo de corrupción ni de caudillismo, como algunos sectores afirman sin mayor sustento. En realidad, es un mecanismo democrático elemental, es decir quien gobierna bien, puede postular de nuevo; quien fracasa, se expone al juicio popular. En países como Ecuador, Uruguay o Brasil la posibilidad de reelección ha sido clave para consolidar gestiones eficientes y con visión de largo plazo. El verdadero problema no es la reelección, sino la ausencia de controles efectivos, transparencia y partidos responsables.
Quienes se oponen olvidan que una gran parte del desarrollo territorial depende de liderazgos consistentes y procesos técnicos de mediano plazo. ¿Es razonable pedirle a un gobernador que impulse megaproyectos de inversión pública o reestructure un sistema de salud regional en solo cuatro años? ¿Qué clase de estabilidad puede tener una región si cambia de rumbo cada periodo? Los grandes avances requieren continuidad, no parches ni refundaciones permanentes.
La reforma planteada no pretendía abrir la puerta a mandatos indefinidos, sino permitir un segundo periodo inmediato. No es un cheque en blanco, es un voto de confianza condicional. Pero son esos mismos alcaldes que mediante su unión lograron apoyar el dictamen de la comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que luego fue aprobado por el pleno del Congreso el 21 de mayo para incrementar el FONCOMUN de 2 a 4%, este logro significativo ha sido pensado en un incremento de 0.5% anual, es decir para el año 2029 recién podrán contar con ese 2% total. ¿Quién reconoce el esfuerzo de estos alcaldes?
No es hora de temerle a la democracia, sino de confiar en que los electores sabrán distinguir entre continuidad con resultados y reelección sin mérito. Recuperar la posibilidad de reelegir a nuestras autoridades locales es apostar por una política de mediano plazo, menos oportunista y más conectada con las necesidades reales del país profundo.
Por Carlos Iván Gonzales Nalvarte
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